Es verdad sabida que dentro del pensamiento liberal,
como en toda doctrina política o filosófica, hay corrientes de opinión,
enfoques y matices distintos que dan lugar a la formación de grupos con
opiniones diferentes y aun antagónicas. No es, pues, arbitrariedad o mero capricho
hablar de una derecha liberal que se singulariza por su fanática defensa de los
planteamientos y tesis más alejados del espíritu libertario y progresista de
algunos de sus fundadores, e, incluso, con opiniones directamente opuestas a
dicho espíritu, en abierto contraste con quienes defienden, difunden y tratan de
aplicar lo mejor, lo más rescatable y progresista del humanismo que alentó en
los fundadores más consecuentes. Tampoco es ningún descubrimiento afirmar que,
en términos muy resumidos, la médula del liberalismo se puede sintetizar como
la rehabilitación, defensa y elevación del individuo
a la categoría de principio supremo y finalidad última de la sociedad humana,
la cual, en consecuencia, sólo se justifica como el instrumento ad hoc para estatuir, legalizar,
practicar y defender, por todos los medios a su alcance, las libertades,
garantías, derechos y privilegios del individuo, incluso por encima de la propia sociedad y en contra de ella si fuere
necesario. El individuo, su libertad irrestricta y su derecho de propiedad
lo son todo; y la sociedad, si no está a su servicio y para su defensa, se
convierte en una ergástula que oprime el espíritu del hombre y hace nugatoria
la dignidad esencial de la persona humana. Para los liberales de derecha,
individuo y colectividad son conceptos y realidades antagónicos, que sólo
pueden coexistir a condición de que la segunda se someta incondicionalmente a los
intereses privados del primero.
En
este punto de vista se han apoyado siempre, y se siguen apoyando hoy, los
defensores de la desigualdad humana y de la injusticia social; los partidarios abiertos
de los privilegios de unos pocos a costas de los muchos; de la dominación de
unos hombres (los “individuos superiores”) sobre otros (los “individuos
inferiores”); y todos los que ven en los derechos de las masas, tales como el
derecho de asociación, de organización y de manifestación pública, una
aberración teórica y un peligroso error práctico que pone en serio riesgo el
equilibrio social al permitir que los “inferiores” se agrupen y se refuercen
entre sí para imponer su voluntad a los
superiores, que de ese modo quedan reducidos a la impotencia y condenados a
una derrota segura. ¡Cuidado! gritaron y gritan alarmados los defensores del “orden”
y de la “tranquilidad” sociales; ¡cuidado con abrirle la puerta de la jaula a
esas bestias feroces e irracionales que sólo buscan desquitar su rencor y su
frustración social en contra de los “verdaderos constructores de la
civilización!” Un ejemplo bien documentado de esto es la famosa “ley Le
Chapelier”, dictada precisamente contra de los primeros intentos sindicales de
los obreros franceses para la defensa de sus derechos laborales, la cual, con
“argumentos” semejantes a los aquí dichos, castigaba con la pena de muerte a
todo aquel que fuera sorprendido haciendo proselitismo con ese propósito. Y un
ejemplo moderno, igualmente documentado, es la saña con que se calumnia, se
insulta, se distorsiona y se condena cualquier auténtica protesta organizada de
los pobres del país, también en defensa de sus intereses legítimos. Pasando
sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con mayor razón
sobre las leyes de ella derivadas, políticos (en la banca o en activo),
organismos “de la sociedad civil”, columnistas, reporteros, conductores de
noticiarios de radio y televisión y tutti
cuanti, al menor amago de protesta de los marginados, abren las compuertas
de su furia “liberal y amiga del orden y de los derechos de terceros”, y dejan
caer sobre ellos devastadoras cataratas de lodo, excremento, calumnias,
insultos y descarados llamados a la represión violenta de los “alborotadores y
chantajistas”.
Esta
fobia de las capas sociales altas contra los derechos y libertades populares,
ha penetrado ya, desde hace buen rato, en el discurso y en la práctica política
de los tres niveles del poder ejecutivo (municipal, estatal y federal), lo que
se pone de manifiesto en la muletilla de moda que sueltan cada vez que lo
consideran oportuno: “yo no trato con organizaciones, sino sólo con ciudadanos
libres e independientes” (??¡¡). Y en honor a la justicia histórica, hay que
reconocer que esta lapidaria sentencia no se oyó en boca de los gobernantes sino
hasta que la pusieron de moda los liberales de derecha, esto es, los
gobernantes salidos de las filas del PAN; pero es un hecho que los priistas,
con muy poco juicio crítico, la han hecho suya y la utilizan a discreción
cuando les hace falta. Y la degeneración liberal de derecha no para aquí. En
varios estados del país, los titulares del poder ejecutivo municipal y estatal han
respondido, ante la tenacidad de los antorchistas que no se someten al “no
trato con organizaciones”, con un recurso más “efectivo”: la amenaza directa y el
terror ejercido a través de grupos delincuenciales a su servicio.
Dos ejemplos
recientes: El miércoles 9 de los corrientes, un grupo de encapuchados detuvo,
golpeó, despojo de sus escasas pertenencias y amenazó de muerte al joven Santos
Mendia Páez, miembro del Comité Estatal Antorchista de Durango, junto con 6
campesinos compañeros suyos, en un camino vecinal del municipio de Mezquital. Liberados,
los secuestrados y amenazados anduvieron errantes por la serranía duranguense
durante tres días, sin comer ni beber, por temor a que los delincuentes regresaran
a cumplir su amenaza. El otro caso ocurrió por las mismas fechas en Uruapan,
Michoacán, donde fue secuestrado el colono antorchista Porfirio Moreno Flores
durante cuatro días, plagio que se da en el marco de una lucha para que el
alcalde de esa ciudad atienda las modestas peticiones de sus compañeros.
Mientras duraba su cautiverio, los secuestradores advirtieron a un hermano suyo:
“dejen de estar defendiendo a los ambulantes y de acosar a los pepenadores del
basurero municipal”, si no “levantaremos a su mero líder”, el Ing. Rodolfo
Lemus. En ambos casos es imposible cargar el delito al crimen organizado, chivo
expiatorio favorito en nuestros días, primero porque los secuestrados no llenan,
ni de lejos, el perfil de la gente que interesa a estos grupos, y segundo,
porque su modus operandi es radicalmente distinto. En cambio, la filiación
política de los plagiados, las preguntas que les hicieron sus captores y el
momento político del ataque (en ambos casos hay una lucha de masas por demandas
legítimas de la gente), dicen a las claras que detrás de tales infamias están
autoridades que, como el alcalde de Uruapan, “no tratan con organizaciones”. El
liberalismo de derecha, pues, está derivando peligrosamente hacia el crimen
político. ¡Y eso sí que pone en riesgo la estabilidad social!
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