Los Antorchistas hemos insistido en que nuestra lucha
en general, y en el Estado de México en particular, no busca ni ha conseguido
nunca otra cosa (siempre y en todas partes a cuentagotas), que resolver algunas
de las necesidades y carencias más evidentes e intolerables de una buena
mayoría de la población nacional, aunque la pertinaz y feroz campaña mediática
diga otra cosa. Esto en el corto plazo. A plazo mayor, hemos dicho que peleamos
por una mejor distribución de la renta nacional y por una reorientación
drástica del gasto social en favor de los que menos tienen, para paliar la
tremenda injusticia social en que vivimos. Y no hay manera de ocultar esta
verdad. El CONEVAL, p. ej., en su informe más reciente, dice que ocho de cada
diez mexicanos, esto es, el 80% del total de la población, padece algún tipo de
pobreza, y otras fuentes aceptan que unos 17 millones viven en pobreza
alimentaria, es decir, que no tienen asegurada siquiera la comida del día
siguiente. Las cifras del empleo tampoco son mejores, pues al 5% de desempleo
abierto (más o menos), habría que sumar un 35% del ambulantaje, lo que
arrojaría que el 40% de la PEA, aproximadamente, carece de empleo formal. Están,
además, el nivel de los salarios, el incremento en los precios de los productos
alimenticios y de primera necesidad, el de otros indicadores como la energía
doméstica, el déficit de vivienda, de salud, educación, servicios básicos,
comunicación, transporte, descanso y recreo entre otros.
La
pobreza, pues, no la inventó el Antorchismo; pero sí es un hecho que somos,
quizá, el organismo de carácter político-social que más énfasis pone, tanto en
su discurso como en su quehacer cotidiano, en la denuncia abierta de esta
situación, de los peligros que entraña para la estabilidad social, en la
exigencia de que se atiendan y resuelvan las manifestaciones más agudas e inmediatas
de la pobreza y en que se lleven a cabo las reformas necesarias, tanto en el
modelo económico vigente como en la manera de ejercer el gasto público, para
atacar las causas profundas y no sólo los síntomas superficiales de la
desigualdad. Y son esta postura y esta práctica, casi con seguridad, las causas
de la irritación en contra nuestra de quienes ejercen el poder político y el
dinero público; es esto lo que les parece una inadmisible intromisión de gente
descalificada en asuntos que consideran de su exclusiva competencia,
intromisión que entorpece el “libre ejercicio del poder”, sin rendir cuentas a
nadie, a que todo gobernante aspira. Les parece, además, un peligroso ataque a la
concepción del poder como dominio absoluto e incontestado sobre los demás, y
fuente de honores, privilegios y enriquecimiento personal y “de equipo”. Esta
molestia alcanza también, seguramente, a poderosos grupos económicos, que siempre
están detrás del poder político con el fin de asegurar y acrecentar su influencia
social y su poder económico.
Para
todos ellos el enemigo a vencer es el Antorchismo. Así se entiende mejor el odio
que le dispensan los medios, casi sin excepciones y desde siempre, como lo atestiguan
los sucesos de las últimas semanas. En efecto, hace meses que los antorchistas
no pisan las calles del Distrito Federal en una protesta masiva; y siempre que
lo han hecho, por convicción y por razones de principio, evitan pintarrajear y
dañar inmuebles del tipo que sean, cerrar vialidades importantes
intencionalmente, sitiar oficinas públicas e impedir la entrada y salida de
empleados y ciudadanos en general, intentar derribar vallas metálicas colocadas
para obstruir su paso y provocar o aceptar enfrentamientos a golpes con la
policía. Repito que esto ha sido así desde siempre, pero ahora mismo se puede
constatar en los eventos de protesta que hemos tenido que realizar en ciudades
como Toluca, Puebla, Guanajuato, Tepic, Xalapa, etc., para no recurrir a ejemplos
más remotos que, por lo mismo, pudieran suscitar dudas en quienes no siguen
nuestra trayectoria. Y sin embargo, no hay medio ni periodista que, al hablar
de la lucha del magisterio en el D. F., Oaxaca o Guerrero, no nos saque a
colación tirándonos de los cabellos, no nos ponga como ejemplo de “vandalismo”,
de chantaje y de prepotencia desafiante hacia los poderes públicos y como
depredadores del patrimonio de la ciudad y de los derechos de terceros. Al
final, terminan todos olvidando el asunto central de su trabajo para centrar sus
ataques, sus “críticas” y sus “denuncias” en el antorchismo y clamando “castigo
ejemplar” para sus líderes. Lo dicho: el “enemigo” a vencer es Antorcha.
El
ensañamiento de los medios es suyo sólo en parte; la porción mayor es inducida,
ordenada y pagada por quienes se duelen de nuestra denuncia y nuestra lucha. Allí
está para probarlo el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas,
que no sólo ha lanzado a lo mejor y más aguerrido de su jauría mediática en
contra del antorchismo mexiquense y de sus líderes, el diputado Jesús Tolentino
Román y los presidentes municipales de Chimalhuacán e Ixtapaluca, sino que él
mismo y sus funcionarios (o sus protegidos como Axel García Aguilera),
descargan contra Antorcha todo su poder, sus influencias y su malicia para
frenar su lucha, negar solución a sus peticiones y amedrentar a la gente, sin
detenerse ante maniobras fuera de la ley y claramente constitutivas de delito. Asesinatos
de modestos transportistas y sus abogados, allanamiento de domicilios de
dirigentes y de estudiantes hijos de aquéllos, terrorismo verbal a través del
teléfono y las “redes”, siembra de cadáveres con mensajes sangrientos son
algunos de los “refinados” métodos empleados en esta guerra de exterminio. Pero,
¿todo esto sólo porque el antorchismo mexiquense demanda el cumplimiento de
compromisos firmados por el gobernador Ávila Villegas, varios de ellos con el
aval de la Secretaría de Gobernación? Sí, eso es todo. Pero es mucho, pues se
trata de destinar dinero a obras para los pobres y de defender el derecho de
trabajadores del transporte a independizarse de la explotación y la dictadura
patronal de Axel García y “su equipo”. Se toca, pues, el punto más sensible de
toda esa gente: el bolsillo. Y la respuesta no se ha hecho esperar.
Es
claro que la guerra desbocada del Dr. Ávila Villegas no es sólo suya. Sería
demasiado arriesgado y el señor no parece ser un suicida en política. Todo
indica, pues, que detrás de él están fuerzas políticas y económicas más
poderosas, mismas que han llegado a la curiosa conclusión de que el peligro para
su dominación no es la pobreza generalizada, sino el Movimiento Antorchista;
algo así como decir que la culpa de la fiebre no es el agente infeccioso, sino
el termómetro que la registra, y que el remedio es, por tanto, romper el
termómetro. Creyendo que el desarrollo de Antorcha se debe a las “muchas” demandas
que le han resuelto y que la prestigian con sus bases, concluyen que liquidarla
es tan sencillo como “cerrarle completamente la llave”: ¡Cero soluciones de aquí
en adelante! Y aquí está la gran lección para el Antorchismo Nacional: Es un
error increíble, casi infantil, de los estrategas oficiales, pensar que
Antorcha ha crecido por la “generosa” solución a sus reclamos y no como
consecuencia obligada de la pobreza nacional. Pero esta es la verdad, y, por
tanto, si la pobreza sigue creciendo, Antorcha debe crecer de manera
proporcional y a igual velocidad por lo menos. Esta es la lección política de
la estrategia eruvielista, y es también la tarea actual del Antorchismo
Nacional. Y si a esto se añade que el “gotero” se cierra totalmente, es decir,
si se clausuran las pequeñas e insuficientes válvulas de escape que hasta hoy
funcionaban, la consecuencia será mayor agudización de la pobreza y mayor
inconformidad social. Antorcha debe crecer, entonces, más aceleradamente todavía.
La política de “cero soluciones” es un tiro en el pie o un poco más arriba, y
los antorchistas estamos obligados a entenderlo, aprovecharlo y demostrar que
es así: que acabar con Antorcha sólo puede lograrse de una manera: acabando con
la pobreza y la injusticia social.
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