Algunas cuestiones que nos plantea el 40 aniversario del antorchismo

En este 2014 el Movimiento Antorchista Nacional cumple 40 años de existencia, aunque no nació con este nombre sino con el quizá más honroso pero más estrecho de ANTORCHA CAMPESINA. Este cambio de nombre, por cierto, es una primera prueba  del desarrollo que el antorchismo ha experimentado en estos 40 años, desarrollo que puede comprobarse, además, con dos o tres datos sencillos para no meternos, por ahora, en mayores complicaciones estadísticas: nacimos en Tecomatlán, un municipio de la Baja Mixteca poblana, el más pequeño y, en aquel entonces, el más aislado, ignorado y marginado de los 217 con que cuenta el estado de Puebla; hoy estamos en las 32 entidades federativas del país y, naturalmente, en las capitales y en la principales ciudades de cada una de ellas; éramos 32 miembros entre campesinos, amas de casa y un núcleo de jóvenes agrónomos con intensas y arraigadas inquietudes sociales; hoy somos poco más de un millón en todo el territorio nacional; comenzamos con puros sueños y uno o dos proyectos precisos; hoy podemos mostrar grandes y sólidas realizaciones en favor de los más débiles en cientos de comunidades urbanas y rurales, algunas tan grandes e importantes como Chimalhuacán o las colonias del oriente de la capital poblana, o tan emblemáticas como Tecomatlán y Huitzilan de Serdán, y va en camino Ixtapaluca, cuyo radical mejoramiento global ya inició y será un hecho total en poco tiempo más.

Nuestro éxito en resultados prácticos, en incremento numérico, en capacidad de convocatoria y, sobre todo, en el despertar de la conciencia de miles de gentes, antorchistas y no antorchistas, ha dado como resultado un efecto curioso: cada vez más gente nos pregunta sin rodeos: ¿y qué esperan para transformarse en partido? ¿Ignoran acaso que a México le urge una verdadera opción de cambio como la que ustedes representan en todo el país, o no saben que en el PRI los ven como un quiste extraño y peligroso que algunos proponen extirpar de una vez por todas? ¿Ignoran que mucha gente de buena fe los ve con desconfianza y no se les sumará jamás, precisamente por ser priistas? Hablando con verdad, la mayoría de quienes preguntan son gente con formación política, algunos con militancia y experiencia práctica en el ejercicio del gobierno y con una visión propia de lo que debe ser el país, y puede pensarse, por eso, que simplemente quieren “tirarnos de la lengua” para después manejar nuestra respuesta dónde y cuándo les convenga; pero lo más sorprendente es que hay ya un buen número de antorchistas que empiezan a formular la misma cuestión y que hoy, con motivo de nuestro 40 aniversario,  crece casi minuto a minuto. Los que hacemos cabeza nos vemos ya en un verdadero aprieto para manejar el problema porque los argumentos y razones que esgrimen los descontentos son tan evidentes y ciertos que es imposible eludirlos o negarlos.

¿Cuál es la posición de los líderes, pues?  Quienes fundamos Antorcha Campesina no la diseñamos como un partido político con plena conciencia de lo que hacíamos. Prueba irrefutable de esto es que, hasta hoy, no hemos hecho nunca ningún plan ni intento serio en esta dirección. ¿Por qué? Porque, como bien lo dice con toda claridad y honradez nuestro lema principal, lo que nos propusimos desde un inicio no era la conquista del poder de la nación, sino luchar contra la pobreza y la desigualdad brutal que reina en México, y para eso no era necesario, pensamos, tener en las manos el gobierno del país, sino al pueblo organizado, consciente de sus derechos y dispuesto a luchar por ellos. Por tanto, lo que necesitábamos era una organización de masas fuerte e independiente, y no un partido político. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué ha cambiado como para provocar el giro que empieza a tomar el pensamiento de muchos antorchistas? Dos cosas evidentes, ninguna de las cuales es responsabilidad nuestra. 1°) Que la pobreza, lejos de disminuir, es ahora mayor y más lacerante que cuando Antorcha comenzó su lucha. Este hecho, obviamente, no demuestra que hayamos errado las metas o el camino, pero sí prueba que no hemos tocado las causas estructurales que engendran la pobreza y, por eso, ésta avanza a tambor batiente y rebasa los resultados de nuestra lucha. Urge una política global y económicamente radical para frenarla y erradicarla, y eso sí requiere, indiscutiblemente, manejar el poder de la nación entera. 2°) Que nuestros recursos de lucha, los más enérgicos y eficientes, no sólo no son respetados y atendidos por quienes tienen el deber de hacerlo, sino que los rechazan y combaten como un delito y una grave ofensa a su dignidad de gobernantes. Para colmo, ahora hay ya una iniciativa de ley para “regular” la protesta pública, que no es otra cosa que una burda chicana para hacer totalmente ineficaz y nugatorio ese derecho constitucional.

Y mientras tanto, ahí están los antorchistas oaxaqueños con más de un mes en plantón (y después de casi dos años de inútil espera de una solución pacífica a sus demandas), sin que el gobernador Gabino Cué se digne enviarles aunque sea a un empleado de intendencia a dialogar con ellos. Al mismo tiempo, protege descaradamente a la pequeña pandilla de asesinos de San Juan Mixtepec que han secuestrado, incendiado, emboscado y asesinado en masa a los indígenas de Yosoñama, sin que al señor gobernador le quite el sueño la sangre derramada. Allí están los antorchistas de Baja California y de Baja California Sur, que piden maestros, aulas, sanitarios, canchas, vivienda digna, regularización de asentamientos e introducción de servicios, en Tijuana y la Paz respectivamente, y sólo reciben ataques en los medios, cercos policíacos y declaraciones soberbias y amenazantes de que no “cederán a caprichos de nadie” (¡?). Allí están los jóvenes estudiantes de la FNERRR en la capital del país, que piden al gobierno perredista un albergue y otras ayudas menores para continuar sus estudios, y que el día que intentaron manifestarse fueron “encapsulados”, es decir, acorralados y aislados por la policía de Miguel Ángel Mancera. Allí están los antorchistas potosinos y los obreros de la empresa PROYCAL cuyos derechos, brutalmente violados por la Junta Local, se niega a hacer respetar el gobernador Fernando Toranzo Fernández. Y allí está también, y como botón de muestra, el secuestro de don Manuel Serrano Vallejo, padre de la alcaldesa de Ixtapaluca, de claro corte político, sin que nadie hasta hoy le preste la menor atención.

Por tanto, si la pobreza nos gana la carrera y los gobiernos, del partido que sean, nos bloquean e impiden que ejerzamos nuestros derechos constitucionales, ya no parece tan insólito, sino más bien muy natural y lógico, que los antorchistas comiencen a preguntarse si debemos seguir igual o si se impone alguna cambio de rumbo para superar ambos obstáculos. Y tampoco sorprende que concluyan que ese cambio no puede ser otro que pelear el poder de la nación, para lo cual, ahora sí, hace falta que nos transformemos en partido político. Los viejos, quizá por viejos, creemos que  hay ya demasiados partidos parásitos que gravitan inútilmente sobre el erario nacional como para cargarlo con uno más; que un antorchismo como el originalmente pensado sigue siendo viable a condición de que el PRI deje de atacarnos y de tratarnos como a tropa enemiga, y que exija, en cambio, que se nos respete y atiendan nuestras peticiones, siempre que sean legales, justas y necesarias. A cambio, pueden contar con nosotros como hasta hoy, es decir, con nuestra adhesión sincera y nuestra lealtad plena y confiable. Si en el futuro las cosas toman otro rumbo, queremos dejar claro desde ahora que no será culpa nuestra, sino de quienes nos ignoran, calumnian y reprimen, contra todo derecho y contra toda justicia.  

El secuestro de Don Manuel Serrano, un síntoma de descomposición social

Han pasado ya más de dos meses desde que fuera secuestrado don Manuel Serrano Vallejo, padre de la abogada Maricela Serrano Hernández, Presidenta Municipal de Ixtapaluca, y de su vida, de su estado de salud, de las pretensiones de los secuestradores, del avance de las investigaciones respectivas, etc., no sabemos absolutamente nada. Dicho sin ninguna gana de exagerar, estamos casi exactamente igual que el primer día. Y lo que resulta todavía más insólito es la displicencia de las autoridades que, por ministerio de ley, tienen la obligación irrenunciable de investigar y resolver crímenes como éste. La indiferencia y la flema con que tales funcionarios actúan y contestan a las legítimas inquietudes de la familia son tales, que resulta imposible no concluir que es algo calculado, intencional, un mensaje subliminal que puede entenderse como un llamado a los interesados a perder toda esperanza en la recuperación de la víctima, una especie de sentencia de muerte y desaparición definitiva transmitida en forma silenciosa, a través del lenguaje corporal de quienes tienen el deber de encontrarla.

Si esta lectura fuera la correcta, de ella se desprendería una muy grave inferencia: que las autoridades saben ya todo lo relativo al secuestro, esto es, quiénes son los autores materiales e intelectuales, cuáles son (o fueron) sus motivos y sus demandas, cuál es la situación actual de la víctima y cuáles son, por último, las intenciones de sus captores. Y que nada de ello favorece ni al secuestrado ni para sus seres queridos, ya que en caso contrario no se explicaría la reserva con que se comportan. Ante esta legítima conclusión, se vuelve obligado enfrentarse a la siguiente dura cuestión: ¿qué se esconde tras el hermetismo oficial? ¿Por qué ese juego perverso con la información que se parece mucho a “como juega el gato maula con el mísero ratón”, que dijo el compositor? ¿Qué hay de peligroso o de explosivo en todo esto, para que se maneje casi como secreto de Estado? ¿Qué ocultan o a quién protegen los que se reservan la información para sí, negando a la familia y a la opinión pública el indudable derecho que tienen de saber la verdad? Obviamente, no se trata de un gesto de delicadeza y de tacto hacia el dolor de la familia, pues la incertidumbre hace más doloroso para ella el secuestro, y las autoridades lo saben.

Pero veamos el problema por otra de sus caras. Como lo publiqué oportunamente, justo en el momento en que todo parecía indicar que se llegaría a un consenso sobre el camino seguro para negociar con los secuestradores y rescatar con vida a don Manuel, en una reunión entre familiares y amigos de la víctima, representantes de Gobernación Federal y el Procurador de Justicia del Estado de México, este último, intempestivamente y en un tono agresivo que contrastaba con la atmosfera de la reunión, se puso a exigir a Maricela Serrano que aportara las pruebas de que el gobernador Eruviel Ávila era el autor intelectual del secuestro o, de lo contrario, se negaba a llegar a ningún tipo de acuerdo. Fue inútil que tanto la directamente señalada como sus compañeros explicaran, una y otra vez y con absoluta claridad, que tal acusación jamás había existido; el Procurador se mantuvo en sus trece y, al final, abandonó la reunión, no sin antes “recordar” a todos que la investigación del caso estaba en sus manos y sólo en sus manos. A Maricela y acompañantes no les quedó duda que el súbito ataque de irracionalidad del Procurador no era más que una burda maniobra para reventar la reunión y eludir el compromiso de rescatar con vida a don Manuel. El tiempo demostró que no se equivocaban, pues en una o dos llamadas más que todavía hicieron con posterioridad los supuestos secuestradores, se negaron a dar una prueba de vida del secuestrado, a pesar de que era evidente que de ello dependía el monto y pago del rescate, con lo cual, prácticamente, confesaron que el dinero no era lo que les interesaba. Y después de eso, nada. Silencio total, y no sólo de los secuestradores, sino, también de la Procuraduría de Justicia mexiquense, hasta el día de hoy.
Por otra parte, los contactos habidos entre la familia Serrano Hernández y los representantes nacionales y estatales del Movimiento Antorchista, con algunos funcionarios federales y con diputados al H. Congreso de la Unión, les han permitido a los primeros comprobar que, en todos esos contactos hay una constante que consiste en que, en un lenguaje estudiadamente sibilino pero entendible, deslizan el mensaje de que el secuestro es “político” y que, en el fondo, está el odio de gente poderosa del Estado de México cuyos intereses se han visto lesionados por el trabajo del antorchismo mexiquense. Si juntamos, pues, ambas vertientes del asunto que he tratado de resumir, resulta claro que no queda margen ya para pensar que el secuestro de don Manuel es un crimen común y corriente que se resolverá por la vía económica. Y tampoco queda margen, por tanto, para seguir eludiendo la temida conclusión de que se trata de un crimen de Estado, esto es, de un hecho delictuoso en que, de alguna manera y en alguna medida (aunque sólo sea por permisividad y omisión en la función investigativa y punitiva), están interviniendo personajes que desempeñan altos cargos públicos en el Estado de México.

Ahora bien, así las cosas, es imposible dejar de advertir la gravedad y la trascendencia de tal situación. La violencia institucionalizada, el Estado delincuente, dicen los estudiosos del tema, nunca son gratuitos ni se explican sólo como errores personales de perspectiva política e histórica. Surgen casi siempre de una profunda crisis social y económica que provoca, de un lado, el descontento de las masas populares, que siempre llevan la peor parte en tales crisis, y de otro, la ausencia de todo margen de negociación por parte del Estado para satisfacer, en alguna medida, las demandas de las mayorías empobrecidas. El único remedio posible en tales casos es una sobre explotación adicional de las capas populares, privándolas hasta de lo más indispensable, como alimento suficiente, salud, abrigo y educación, lo cual sólo puede llevarse a la práctica mediante el empleo de la fuerza, legal e ilegal, hasta donde sea necesario, pues no hay Estado de Derecho capaz de convencer a la gente de morirse de hambre “pero dentro de la ley”. Hace rato que en el país hay síntomas serios de violencia institucional, de violaciones reiteradas a la ley que protege la vida y los derechos fundamentales de los ciudadanos, a los cuales se agregan ahora el secuestro de don Manuel Serrano y las masacres en Oaxaca contra los indígenas de Yosoñama, que comienzan a cobrar visos de genocidio, a ciencia y paciencia del gobierno de aquel Estado. ¿De qué se trata? ¿Alguien se ha vuelto loco con el poder y se siente superior a todo y a todos, incluida nuestra Ley de leyes, o nuestra economía requiere una cura de caballo a costa de los más pobres entre los pobres? La respuesta más segura, como siempre, queda en manos del tiempo. Poco ha de vivir quien no conozca la respuesta.

Los elocuentes “espectaculares”

Según referí brevemente la semana pasada, en una reunión con autoridades de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia del Estado de México, y cuando todo parecía indicar que se estaba cerca de un acuerdo con los secuestradores de don Manuel Serrano Vallejo para conseguir su liberación, el señor Procurador de Justicia del Estado, sorpresivamente, formuló una exigencia insólita: que la alcaldesa de Ixtapaluca, la Licenciada Maricela Serrano Hernández, hija de don Manuel, entregara a las autoridades federales (sic) las pruebas de sus “acusaciones” en contra del gobernador, Dr. Eruviel Ávila Villegas. Fue inútil aclarar al alto funcionario que tal exigencia era totalmente improcedente por cuanto tales “acusaciones” jamás existieron, como puede documentarse fácilmente en la prensa; él se mantuvo en sus trece y se limitó a recordar a todos que era el único y máximo responsable de esclarecer el secuestro. Los interesados en la vida de don Manuel se retiraron con la sensación de que alguien quería “reventar” el proceso.

            Después de este incidente, han ocurrido dos cosas que, al parecer, constituyen un viraje en el desarrollo del problema. El primero fue que los secuestradores interrumpieron, sin motivo aparente, la ya muy avanzada negociación del monto y condiciones de entrega del rescate, luego de negarse a dar una “prueba de vida” del cautivo, algo insólito en un secuestro “normal” cuyo objetivo sea el dinero, y no han vuelto a comunicarse desde entonces. En segundo lugar, pocas horas después comenzaron a brotar, como hongos después de la lluvia, decenas de “espectaculares”, esos grandes carteles que suelen colocarse a los lados de las vías de mayor afluencia vehicular, en varios estados del centro de la República (hasta hoy). Se trata de una intensa campaña publicitaria alimentada exclusivamente con todas las mentiras, calumnias y patrañas que diversos medios informativos han lanzado, sin ofrecer nunca ninguna prueba (ni fehaciente ni deleznable), en contra del Movimiento Antorchista Nacional, mismas que recibieron la debida respuesta por nuestra parte, en el momento oportuno.

            No es, pues, el contenido acedo, manoseado y despreciable de los espectaculares, lo que los hace dignos de atención; ni siquiera el ridículo intento de respaldarlos remitiendo al interesado a la fuente mediática de donde sale la “acusación” (quien lo haga –y no creo que sean muchos los que se tomen tan inútil trabajo– comprobará que se trata de chismes vulgares y sin sustento, algunos con 20 o más años de antigüedad), sino lo que diré a continuación. Primero, el momento escogido para desencadenar esta costosísima guerra sucia, esto es, justo al mismo tiempo que los secuestradores cortan toda comunicación con la familia de don Manuel Serrano y se niegan a dar una prueba segura de que la víctima está viva. Segundo, el doble manejo que los autores le han imprimido a la campaña, evidentemente con toda intención. He revisado detenidamente el texto de todos los espectaculares aparecidos hasta hoy, y he tenido el cuidado de repasar las “fuentes” mediáticas a las que cada uno de ellos remite al posible interesado. Puedo asegurar, por tanto, que ninguno de ellos menciona siquiera el conocido problema del transporte, que desde hace años vienen enfrentando algunos trabajadores mexiquenses del volante que buscan liberarse de la férula del monopolio camionero que maneja con puño de hierro el conocido “empresario” Axel García Aguilera. Pero, curiosamente, en dos  medios cuyo nombre no quiero exhibir (casi los únicos que recogieron la “noticia” de la guerra de espectaculares), se habla de “mantas aparecidas en puentes peatonales” y también en “algunos espectaculares”, en cuyo contenido, dedicado íntegramente al problema del transporte, se “denuncian” las “ambiciones” de Antorcha por obtener una tajada del lucrativo negocio y culminan con el ya conocido eslogan, ilegal y fascista, de “¡fuera antorcha del transporte!”. Parece claro, pues, que la campaña se desenvuelve en dos pistas: los espectaculares fijos sólo se ocupan de acusar, atacar y desprestigiar al Antorchismo ante la opinión pública nacional; las “mantas exhibidas en puentes peatonales y vehiculares” y ciertos diarios escritos, en cambio, difunden el objetivo inmediato, la demanda central de la campaña: sacar a Antorcha del problema de los transportistas mexiquenses.

La tercera consideración sobre los “espectaculares” es que, durante los largos años que ya dura el conflicto de los transportistas rebeldes al feudo camionero de Axel García, nunca se había gastado tanto ni tan inútilmente para doblar al Antorchismo Nacional. La pregunta inevitable es: ¿por qué sucede precisamente ahora, cuando resulta casi obligado ligar la burda maniobra con el secuestro de don Manuel Serrano? ¿Es esa, precisamente, la intención de quienes se esconden detrás de la guerra de espectaculares? ¿Es ese su verdadero “mensaje”? Sea así o no, quiero terminar reafirmando algo que ya hemos dicho anteriormente: el Movimiento Antorchista no quiere “infiltrarse” en el “negocio” del transporte, ni va tras “una tajada” económica del mismo al brindar respaldo y solidaridad a las víctimas del pulpo camionero. Si alguien, quien sea, incluido el propio señor Axel García, puede probar con documentos en mano que un solo microbús, combi o taxi, es propiedad o rinde beneficios a algún dirigente antorchista, yo me comprometo, a nombre del Antorchismo Nacional, a renunciar automáticamente a seguir apoyando a las víctimas de tan infame califato. Sostengo que el problema es otro: el carácter corporativo, monopólico y mafioso del organismo más grande y poderoso del transporte público mexiquense, carácter que no sólo reprime y suprime el derecho de los trabajadores del volante a independizarse de esa mafia, sino que también se opone, abierta y claramente, a la modernización y crecimiento de la economía del país.

En la página 23 del libro del Lic. Enrique Peña Nieto, al que ya me referí la semana pasada, se responde a la pregunta clave que allí mismo se formula (¿Qué hacer para retomar el crecimiento de la economía nacional?) enumerando 8 puntos básicos, de los cuales el segundo dice así: “2) profundizar la competencia económica para aumentar la oferta de productos y servicios de mejor calidad a menor costo e impulsar procesos de innovación…”. Aquí hay una manifestación de firme convicción antimonopolios y un compromiso claro en favor de la libre competencia, para alcanzar el desarrollo suficiente y sustentable de una economía de mercado como la nuestra, a todo lo cual se opone, estorba y bloquea, indudablemente, un dinosaurio monopólico como el de Axel García. Por esto (y por varias cosas más que no viene al caso decir ahora), vuelvo a dirigirme respetuosamente al señor Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, para que se sirva ordenar la intervención de la justicia federal en el caso de don Manuel Serrano Vallejo. Se trata de un asunto de elemental humanismo y de una oportunidad dorada para demostrar que, en México, la justicia es un derecho al alcance de todos.  

La guerra de liquidación contra el Antorchismo mexiquense, lección para el Antorchismo nacional

Los Antorchistas hemos insistido en que nuestra lucha en general, y en el Estado de México en particular, no busca ni ha conseguido nunca otra cosa (siempre y en todas partes a cuentagotas), que resolver algunas de las necesidades y carencias más evidentes e intolerables de una buena mayoría de la población nacional, aunque la pertinaz y feroz campaña mediática diga otra cosa. Esto en el corto plazo. A plazo mayor, hemos dicho que peleamos por una mejor distribución de la renta nacional y por una reorientación drástica del gasto social en favor de los que menos tienen, para paliar la tremenda injusticia social en que vivimos. Y no hay manera de ocultar esta verdad. El CONEVAL, p. ej., en su informe más reciente, dice que ocho de cada diez mexicanos, esto es, el 80% del total de la población, padece algún tipo de pobreza, y otras fuentes aceptan que unos 17 millones viven en pobreza alimentaria, es decir, que no tienen asegurada siquiera la comida del día siguiente. Las cifras del empleo tampoco son mejores, pues al 5% de desempleo abierto (más o menos), habría que sumar un 35% del ambulantaje, lo que arrojaría que el 40% de la PEA, aproximadamente, carece de empleo formal. Están, además, el nivel de los salarios, el incremento en los precios de los productos alimenticios y de primera necesidad, el de otros indicadores como la energía doméstica, el déficit de vivienda, de salud, educación, servicios básicos, comunicación, transporte, descanso y recreo entre otros.

            La pobreza, pues, no la inventó el Antorchismo; pero sí es un hecho que somos, quizá, el organismo de carácter político-social que más énfasis pone, tanto en su discurso como en su quehacer cotidiano, en la denuncia abierta de esta situación, de los peligros que entraña para la estabilidad social, en la exigencia de que se atiendan y resuelvan las manifestaciones más agudas e inmediatas de la pobreza y en que se lleven a cabo las reformas necesarias, tanto en el modelo económico vigente como en la manera de ejercer el gasto público, para atacar las causas profundas y no sólo los síntomas superficiales de la desigualdad. Y son esta postura y esta práctica, casi con seguridad, las causas de la irritación en contra nuestra de quienes ejercen el poder político y el dinero público; es esto lo que les parece una inadmisible intromisión de gente descalificada en asuntos que consideran de su exclusiva competencia, intromisión que entorpece el “libre ejercicio del poder”, sin rendir cuentas a nadie, a que todo gobernante aspira. Les parece, además, un peligroso ataque a la concepción del poder como dominio absoluto e incontestado sobre los demás, y fuente de honores, privilegios y enriquecimiento personal y “de equipo”. Esta molestia alcanza también, seguramente, a poderosos grupos económicos, que siempre están detrás del poder político con el fin de asegurar y acrecentar su influencia social y su poder económico.

            Para todos ellos el enemigo a vencer es el Antorchismo. Así se entiende mejor el odio que le dispensan los medios, casi sin excepciones y desde siempre, como lo atestiguan los sucesos de las últimas semanas. En efecto, hace meses que los antorchistas no pisan las calles del Distrito Federal en una protesta masiva; y siempre que lo han hecho, por convicción y por razones de principio, evitan pintarrajear y dañar inmuebles del tipo que sean, cerrar vialidades importantes intencionalmente, sitiar oficinas públicas e impedir la entrada y salida de empleados y ciudadanos en general, intentar derribar vallas metálicas colocadas para obstruir su paso y provocar o aceptar enfrentamientos a golpes con la policía. Repito que esto ha sido así desde siempre, pero ahora mismo se puede constatar en los eventos de protesta que hemos tenido que realizar en ciudades como Toluca, Puebla, Guanajuato, Tepic, Xalapa, etc., para no recurrir a ejemplos más remotos que, por lo mismo, pudieran suscitar dudas en quienes no siguen nuestra trayectoria. Y sin embargo, no hay medio ni periodista que, al hablar de la lucha del magisterio en el D. F., Oaxaca o Guerrero, no nos saque a colación tirándonos de los cabellos, no nos ponga como ejemplo de “vandalismo”, de chantaje y de prepotencia desafiante hacia los poderes públicos y como depredadores del patrimonio de la ciudad y de los derechos de terceros. Al final, terminan todos olvidando el asunto central de su trabajo para centrar sus ataques, sus “críticas” y sus “denuncias” en el antorchismo y clamando “castigo ejemplar” para sus líderes. Lo dicho: el “enemigo” a vencer es Antorcha.

            El ensañamiento de los medios es suyo sólo en parte; la porción mayor es inducida, ordenada y pagada por quienes se duelen de nuestra denuncia y nuestra lucha. Allí está para probarlo el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, que no sólo ha lanzado a lo mejor y más aguerrido de su jauría mediática en contra del antorchismo mexiquense y de sus líderes, el diputado Jesús Tolentino Román y los presidentes municipales de Chimalhuacán e Ixtapaluca, sino que él mismo y sus funcionarios (o sus protegidos como Axel García Aguilera), descargan contra Antorcha todo su poder, sus influencias y su malicia para frenar su lucha, negar solución a sus peticiones y amedrentar a la gente, sin detenerse ante maniobras fuera de la ley y claramente constitutivas de delito. Asesinatos de modestos transportistas y sus abogados, allanamiento de domicilios de dirigentes y de estudiantes hijos de aquéllos, terrorismo verbal a través del teléfono y las “redes”, siembra de cadáveres con mensajes sangrientos son algunos de los “refinados” métodos empleados en esta guerra de exterminio. Pero, ¿todo esto sólo porque el antorchismo mexiquense demanda el cumplimiento de compromisos firmados por el gobernador Ávila Villegas, varios de ellos con el aval de la Secretaría de Gobernación? Sí, eso es todo. Pero es mucho, pues se trata de destinar dinero a obras para los pobres y de defender el derecho de trabajadores del transporte a independizarse de la explotación y la dictadura patronal de Axel García y “su equipo”. Se toca, pues, el punto más sensible de toda esa gente: el bolsillo. Y la respuesta no se ha hecho esperar.

            Es claro que la guerra desbocada del Dr. Ávila Villegas no es sólo suya. Sería demasiado arriesgado y el señor no parece ser un suicida en política. Todo indica, pues, que detrás de él están fuerzas políticas y económicas más poderosas, mismas que han llegado a la curiosa conclusión de que el peligro para su dominación no es la pobreza generalizada, sino el Movimiento Antorchista; algo así como decir que la culpa de la fiebre no es el agente infeccioso, sino el termómetro que la registra, y que el remedio es, por tanto, romper el termómetro. Creyendo que el desarrollo de Antorcha se debe a las “muchas” demandas que le han resuelto y que la prestigian con sus bases, concluyen que liquidarla es tan sencillo como “cerrarle completamente la llave”: ¡Cero soluciones de aquí en adelante! Y aquí está la gran lección para el Antorchismo Nacional: Es un error increíble, casi infantil, de los estrategas oficiales, pensar que Antorcha ha crecido por la “generosa” solución a sus reclamos y no como consecuencia obligada de la pobreza nacional. Pero esta es la verdad, y, por tanto, si la pobreza sigue creciendo, Antorcha debe crecer de manera proporcional y a igual velocidad por lo menos. Esta es la lección política de la estrategia eruvielista, y es también la tarea actual del Antorchismo Nacional. Y si a esto se añade que el “gotero” se cierra totalmente, es decir, si se clausuran las pequeñas e insuficientes válvulas de escape que hasta hoy funcionaban, la consecuencia será mayor agudización de la pobreza y mayor inconformidad social. Antorcha debe crecer, entonces, más aceleradamente todavía. La política de “cero soluciones” es un tiro en el pie o un poco más arriba, y los antorchistas estamos obligados a entenderlo, aprovecharlo y demostrar que es así: que acabar con Antorcha sólo puede lograrse de una manera: acabando con la pobreza y la injusticia social. 

¿Es pura irracionalidad el nacionalismo “trasnochado”?

Debido al relanzamiento de la reforma energética, han cobrado fuerza los argumentos de quienes se oponen a la privatización (total o parcial, abierta o disfrazada, dicen) de PEMEX, y los de quienes se pronuncian en favor de una “reforma” (que no privatización, aclaran) absolutamente necesaria para la modernización de nuestra economía. De parte de estos últimos se esgrimen ejemplos “exitosos” como el caso de Brasil, y se responsabiliza a la oposición de haberse quedado anclada en el pasado, defendiendo un concepto ya rebasado por la historia reciente y, por lo mismo, totalmente hueco, vacío de contenido social y económico y sin más utilidad que halagar a la masa con la trillada cantinela del “nacionalismo revolucionario” y de la “soberanía nacional”. Los acusan de padecer el síndrome de un nacionalismo “trasnochado”

A mí me parece, sin embargo, que ambos puntos de vista (al menos en sus pronunciamientos públicos) cometen el mismo error, que son víctimas del mismo vicio discursivo al limitarse a arañar la cubierta del problema sin decidirse a descender a las entrañas del mismo para mostrar a la opinión pública con números, con cuentas claras, precisas e inobjetables, en qué y en cuánto dinero contante y sonante su propuesta supera a la del adversario y, sobre todo, quién o quiénes, y por qué vías, serán los auténticos beneficiarios de los mejores resultados obtenidos. En vez de eso, unos y otros se limitan a recoger los epítetos, los adjetivos y las descalificaciones del campo enemigo, y tratan de responderlos y neutralizarlos con otros epítetos y otras descalificaciones similares. Pero ninguno da  muestras de querer ir más allá de lo superficial, de situarse en el terreno de lo sustantivo, de lo que verdaderamente interesa, o debe interesar, a quien quiera entender la médula de las diferencias y tomar partido por una u otra posición con suficientes elementos de juicio.

Pero esa sustantividad existe y es absolutamente necesario que el pueblo la conozca en forma completa y detallada, ya que asciende, como dije, a varios miles de millones de pesos de más o de menos, según que nos ubiquemos en una u otra visión del problema. En efecto, cualquiera entiende que los opositores a la reforma no defienden el puro concepto abstracto de nacionalismo como dicen sus detractores; que lo que realmente les preocupa es que, de acuerdo con una lógica económica de párvulos, si PEMEX o cualquier otro bien de la nación se privatiza, en el grado y manera que sea, las utilidades que reporte a partir de ese momento serán propiedad legítima (en todo o en parte) de sus dueños, e irán a incrementar, en la proporción correspondiente, la fortuna privada, el lujo y el despilfarro de esos mismos dueños, en desmedro de la parte correspondiente a la nación. Por tanto, no es pura ideología rancia, ni ganas de enturbiarle el agua a nadie, el que esa gente se pregunte: Si se impone la reforma, ¿cómo, por qué caminos, por qué vías el pueblo, las mayorías trabajadoras empobrecidas van a ser beneficiadas con ella? ¿Será todo resultado automático del incremento de las ganancias gracias a un manejo más eficiente y más honrado del negocio? Pero la experiencia mundial disponible desmiente tal distribución automática de los beneficios. ¿Hará falta, entonces, garantizarla mediante mecanismos legales diseñados exprofeso? ¿Y cuáles son esos mecanismos en la propuesta de los reformadores? ¿O se piensa, quizá, en un ingreso mayor para el erario nacional mediante una mayor tributación de la nueva empresa? Pero eso no parece creíble a la luz de los privilegios fiscales de que ya hoy disfrutan los gigantes económicos. ¿Será diferente en el caso de PEMEX? Parece, pues, que hay razón suficiente para que los “nacionalistas trasnochados” se opongan a la reforma.

            Pero, por otra parte, los “reformistas” tampoco dicen disparates cuando insisten en que PEMEX necesita de una sustancial inyección de capital que, junto con un manejo técnico más eficiente y una administración más profesional, incrementen las reservas probadas de hidrocarburos y eleven sustancialmente las utilidades si queremos modernizar y vigorizar nuestra economía. Y más razón tienen cuando afirman que, tal como están las cosas hoy, no es el pueblo mexicano quien más se beneficia con las ganancias petroleras, sino la burocracia corrupta que las administra en su provecho, diligentemente apoyada y ayudada por el sindicalismo charro y hasta por el crimen organizado que “ordeña” los ductos de PEMEX. Así pues, tampoco pueden desecharse estas razones recurriendo sólo a la descalificación y a las adjetivaciones. Hace falta un esfuerzo mayor.

Por tanto, insisto: la cuestión requiere, primero, demostrar matemáticamente cuál de las dos propuestas garantiza la mayor eficiencia en materia de utilidades; segundo, precisar cómo, mediante qué mecanismos, se distribuirán dichas utilidades, teniendo en mente que ahora intervienen intereses privados. En la empresa pública no hay duda: poca o mucha, la utilidad neta va directamente al erario nacional y de ahí (probablemente) a mejorar el nivel de bienestar de la población; en la empresa privada la ganancia, en todo o en parte, va a manos privadas, y es necesario, por tanto, convenir previamente cómo y por qué caminos se dividirían los beneficios entre el capital y la nación. En cuanto a la corrupción burocrática y sindical y a la necesidad de su erradicación, tampoco cabe discusión alguna; pero el problema es que de tales verdades no se desprende en automático la necesidad de inyectar capital privado y administración privada a la empresa. Si así fuera, habríamos de preguntar dónde quedan las promesas de combate sin cuartel a la corrupción nacional, pues resulta inevitable pensar que, si no podemos sanear a PEMEX sin ayuda privada, menos podremos hacerlo con el país entero.

            En conclusión, creo que está claro que de ambas partes se dicen (o mejor dicho, se defienden por implicación) puntos de vista y argumentos sólidos, incuestionables e imposibles de ignorar y derrotar con una simple lluvia de descalificaciones. Por lo tanto, la única manera válida (y útil para la nación) de zanjar el diferendo, es que cada quien aplique la aritmética a su propuesta, demuestre la superioridad cuantitativa de sus resultados y precise la naturaleza y eficacia de los mecanismos de distribución equitativa de las mayores utilidades resultantes. De ese modo quedará probada irrefutablemente la superioridad de la propuesta mejor, y la opinión pública podrá tomar una decisión informada, sin tener que partir de una profesión de fe ideológica o, peor aún, obligado por el miedo al poder, por la conveniencia egoísta o por el arribismo político. ¡Sería un verdadero milagro!

¿Qué opciones le van quedando a la gente?

Leía yo ayer, lunes 1° de abril, dos notas de prensa que me produjeron cierta sensación de desesperanza y de preocupada impotencia. La primera es una carta abierta, firmada por el Antorchismo Nacional y dirigida a las más altas autoridades del país y al señor gobernador del Estado de México, Dr. Eruviel Ávila Villegas, para informarlos puntualmente de tres hechos delictivos, cometidos en un intervalo de no más de 72 horas, en contra de funcionarios del H. Ayuntamiento de Ixtapaluca, Estado de México, que preside la antorchista Maricela Serrano Hernández.

            1° Una agresión a tiros en contra del director de Desarrollo Social del ayuntamiento ixtapaluquense quien, por suerte para él pero no por voluntad de sus atacantes, logró salvar la vida.

            2° Un grupo de encapuchados fuertemente armado con rifles de alto poder, asaltó al profesor Bernardino Domínguez y a dos personas más que lo acompañaban. Haciendo a un lado detalles tales como insultos, órdenes humillantes y sangrientas amenazas, el saldo fue el robo del vehículo en que viajaba el profesor, culpable –así le dijeron- de ser el dirigente del antorchismo ixtapaluquense.

3° Entre uno y otro de ambos actos vandálicos, en varios teléfonos celulares de funcionarios del H. Ayuntamiento, incluido el de la Presidenta Municipal, se recibió un anónimo (en todos el mismo) en el cual, sin rodeos y con un lenguaje cuya crudeza, saña y estudiada bajeza trasluce el odio irracional, bestial de sus autores en contra de los amenazados, se hace una espeluznante enumeración de los pasos que seguirá la masacre que piensan llevar a cabo, “sin ninguna compasión”, en todos y cada uno de los funcionarios de filiación antorchista que laboran en el cabildo, comenzando por la Presidenta Municipal. En el anónimo se hace referencia al ataque sufrido por el director Desarrollo Social, lo que evidencia que atrás de él se halla el mismo grupo de criminales.

            La segunda nota se refiere a un nutrido grupo de indígenas hidalguenses (aclaro que no eran antorchistas) que, desde sus lejanas y abandonadas comunidades, llegaron hasta las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación federal en busca de atención a sus múltiples inconformidades y carencias. Lo “noticioso” del caso es que estos mexicanos humildes encontraron, en lugar de trato amable y oídos atentos, un impresionante muro de altísimas vallas metálicas, detrás del cual se hallaba apostado un ejército de policías, armados, protegidos y en posición de combate como si se tratara de repeler el ataque de un ejército enemigo. Los medios informativos, por supuesto, ignoraron olímpicamente las demandas de la gente y sólo destacaron “el caos vial” provocado por el “cierre de calles” (¿por parte de quién?) a causa de la marcha. Justamente esto, el trato dispensado a los pobres de Hidalgo, me hizo recordar que exactamente lo mismo ocurrió, pocos días antes, a una comisión de antorchistas encabezados por cuatro diputados federales y el gestor nacional del Movimiento Antorchista, Ing. Homero Aguirre Enríquez, quienes se acercaron a la misma dependencia en busca de una entrevista con el titular de la misma o con alguien designado por él, pero con verdadera capacidad resolutiva, en vista que, desde hace varias semanas, no han logrado, siquiera, ser escuchados con seriedad por esa Secretaría, encargada de la paz y la estabilidad interior de la nación. Y a esa minúscula comisión (no más de 150 personas), encabezada por ciudadanos investidos como representantes populares y miembros de pleno derecho de uno de los Poderes de la Unión, se le recibió de la misma manera: con un muro metálico y un inusitado e innecesario despliegue de fuerza que incluyó, en este caso, a miembros del Ejército (¡¡¡) estratégicamente ubicados para intervenir en caso necesario.

            Queda claro, pues, a la luz de estos hechos, que no sólo no hay que soñar con el diálogo respetuoso y racional, sino que está estricta y peligrosamente prohibido acercarse a la puerta principal de la Secretaría de Gobernación, si no se tiene permiso o invitación previa para hacerlo. Por otro lado, los medios de comunicación, mediante una pertinaz campaña de años, obviamente desencadenada y sostenida por “órdenes superiores”, han convertido a las garantías constitucionales de manifestación y protesta pública en “delitos graves” a los que han bautizado como “extorsión” y “chantaje”, gracias a lo cual, hoy pende sobre la cabeza de cualquiera que se atreva a encabezar una marcha, especialmente en la capital del país, la espada de Damocles de la detención y la cárcel, acusado (¡asómbrese usted de la congruencia lógica que hay en esto!) no de “chantaje” o de “extorsión”, sino de “ataque a las vías generales de comunicación”. Desde luego, se aclara siempre que no está prohibido manifestarse, “a condición de que se haga sin perturbar el derecho de los ciudadanos a la libre circulación”. Los antorchistas, dispuestos como digo “a obedecer la ley”, estamos esperando que se nos aclare, de modo preciso y puntual, cómo y por qué medios podemos consumar este milagro para bien de todos.

            Por lo pronto, para evitar que, sobre los ataques armados, los robos y las amenazas brutales de los políticos cavernarios de Ixtapaluca, nos caiga encima “todo el peso de la ley” por manifestarnos en vía pública, hemos optado por informar a las altas autoridades del país y al gobierno mexiquense de lo que nos ocurre y nos amenaza, a través de documentos públicos que dejen constancia inobjetable de nuestra denuncia oportuna de hechos. Con idéntico fin, en fecha próxima celebraremos un gran festival cultural y de protesta en la ciudad de Toluca, en el que participarán 50 mil antorchistas, para hacer públicas nuestras demandas que, planteadas, discutidas y firmadas desde hace meses, siguen esperando que alguien las haga realidad. Y lo haremos con el supremo cuidado de no tocar, ni con el pétalo de una rosa, el monopolio que sobre las calles tienen los poderosos tenientes de automotores, del tipo que sean, mientras el pueblo sólo monopoliza la pobreza. Pero consideramos necesario que nuestra voz merezca algo más que menosprecio y oídos sordos; creemos que es hora de darse cuenta que no puede apretarse más la soga en torno al cuello de los que todo lo producen y nada tienen, mientras que los delincuentes pública y documentadamente señalados como culpables de hechos de sangre, de peculado, de enriquecimiento ilícito, de pagar bandas de sicarios y asaltantes para combatir a sus enemigos políticos, etc., gozan de protección, de la alcahuetería comprada de los medios, y se paseen con toda impunidad y desvergüenza, burlándose sangrientamente de los humildes. Hay que ver que el pueblo se queda poco a poco sin opciones para hacerse oír y defender sus intereses dentro de la ley; que la sumisión y la paciencia de los oprimidos son grandes, muy grandes, pero no infinitas.

Antorcha y la batida mediática contra los “intocables”

Dije en mi artículo anterior que la acusación de enriquecimiento ilícito de los dirigentes antorchistas, gracias al desvío masivo y constante de los recursos que los tres niveles de gobierno entregan para apoyo, obras y servicios destinados a los grupos más marginados del país, es una afirmación dolosa y falsa que carece en absoluto de cualquier sustento en los hechos; y que es, además, imposible desde el punto de vista del discurso simplemente porque tales recursos jamás se entregan en efectivo, ni a los líderes ni a los grupos, sino en especie y a cada destinatario, y que cuando se trata de la ejecución de obras, es siempre el gobierno o una empresa directamente contratada por él quien se encarga de la ejecución. Dije además que esto lo sabe perfectamente, por razones obvias, toda la burocracia encargada de su aplicación, incluidos en primer lugar los señores gobernadores, actuales y pasados (lo que vuelve imposible todo falseamiento de los hechos en interés de quien sea); y que todos ellos reconocen, además, la escrupulosidad con que los antorchistas conducen este tipo de operaciones, lo mismo que repito hoy.

Pienso que es por todas estas verdades que la campaña actual de desprestigio y amenazas que, sin lugar a dudas, está siendo orquestada, sustanciada y pagada por el gobierno del Estado de México, se está recargando casi exclusivamente en el señalamiento de que el “gran negocio está en la venta de lotes” llevada a cabo por “esos vivales”, aprovechándose de la necesidad de muchos de contar con una vivienda propia. Se acusa a los líderes antorchistas de vender “lotes a precios bajos” cuando en realidad deberían entregarlos gratuitamente, puesto que a ellos no les cuestan “ni un solo peso” los terrenos que reparten. A renglón seguido (tal vez sin reparar en que, con tales “argumentos”, se exhibe la mano que paga y mueve los hilos), se acusa a los antorchistas de “obligar al gobierno”, mediante “la extorsión y el chantaje”, a introducir los servicios básicos en los asentamientos humanos fundados por ellos para beneficio exclusivo de sus bolsillos, sin importar sus elevados costos debidos a la distancia o a la difícil topografía del asentamiento.

Como dije también en mi artículo anterior, no tiene sentido discutir ni refutar puntualmente todo este cúmulo de necedades y calumnias, simplemente porque quienes las suscriben y publican no lo hacen por convicción ni en uso de su libertad de información y de opinión, sino bajo el dictado de quien ordena y financia la campaña, razón por la cual resulta una estupidez pensar que puedan retractarse de las mismas, por contundentes que sean los argumentos que se les opongan. Pero sí creo necesario hacer ver al señor gobernador del Estado de México y a sus funcionarios y operadores políticos involucrados en todo esto, la obligación que tienen con la moral y la salud pública de aportar todas las pruebas fácticas, jurídicas y lógicas que apuntalen y demuestren, sin dejar ningún resquicio a la duda racional, el supuesto fundamental sobre el cual descansa su acusación, y sin el cual todo el edificio de su argumentación se derrumbaría como un castillo de naipes. ¿A qué supuesto básico me refiero? Al que sostiene que los terrenos que “venden” los antorchistas a la gente provienen, o bien de una invasión, de un despojo arbitrario a sus propietarios legalmente reconocidos, o bien de una donación gratuita del gobierno para sacudirse el “chantaje” de los dirigentes vividores. Es precisamente esta gratuidad, nacida del despojo y del chantaje, la que vuelve ilegítimos los “ingresos” que se embolsan los líderes y las demandas ulteriores de servicios básicos para los asentamientos ilegales, que de otro modo serían una obligación elemental del gobierno hacia sus gobernados.

Para dar por demostrado este supuesto, hace falta puntualizar, una a una, las supuestas invasiones, con el nombre, la superficie y la ubicación del predio, el nombre del propietario y los títulos que acreditan su derecho de propiedad y, si fuere el caso, el número de la averiguación previa abierta contra los invasores; del mismo modo deberían puntualizarse las “donaciones gratuitas” del gobierno a los “vividores” de Antorcha. Y si los reporteros y columnistas, que tan alegremente lanzan sus graves acusaciones al aire, pueden eximirse de esta obligación sin ninguna responsabilidad para ellos, es obvio que no ocurre lo mismo con las autoridades del gobierno mexiquense, que ni siquiera pueden alegar dificultades materiales para obtener las pruebas necesarias. Si no lo hacen, y mientras no lo hagan, los antorchistas tenemos todo el derecho de pensar y de decir que somos víctimas de una campaña sin sustento que busca silenciar nuestra lucha, y que las amenazas sólo pueden entenderse como un acto represivo en contra de quienes se atreven a exigir sus derechos.

            Pero los ataques mediáticos no se limitan a las imputaciones. El corolario infaltable es que Antorcha “es lo mismo” que la profesora Gordillo y que “otros líderes chantajistas y corruptos”, y que, puesto que a algunos de ellos ya se les aplicó la ley, la pregunta es: ¿y a los líderes de Antorcha cuándo? ¿Cuándo veremos tras las rejas a Jesús Tolentino o a Aquiles Córdova? ¿O ellos son intocables? ¿Acaso les tiene miedo la autoridad?, preguntan con una insidia feroz, tal vez a valores entendidos con la autoridad. A manera de respuesta a estos jueces oficiosos, que han hecho de los medios un tribunal inapelable para juzgar y sentenciar a los opositores al gobierno que les paga, digo aquí que los antorchistas jamás nos hemos creído intocables ni nunca hemos presumido de influyentes o poderosos; lejos de ello, siempre, desde nuestro surgimiento hasta el día de hoy, nos hemos sabido y sentido terriblemente vulnerables y, precisamente por eso, hemos sido extremadamente cuidadosos de que ninguno de nuestros actos caiga, ni siquiera por descuido, fuera  o por encima de la ley. Una prueba irrefutable de esto es que, a pesar de la terrible guerra de acusaciones que hemos sufrido desde siempre, no hay un solo antorchista en la cárcel, convicto de alguno, de varios o de todos los delitos que se nos imputan.

Y éste es otro sólido argumento para afirmar que, hoy como ayer, no existe ningún motivo fundado para amagarnos con cárcel, acusándonos de delitos infamantes que no se demuestran de ninguna manera. En contraste, se ignoran olímpicamente nuestras denuncias, esas sí perfectamente fundadas, en contra del cacique camionero Axel García Aguilera, que sólo en lo que va del sexenio del Dr. Eruviel Ávila, ha ordenado el asesinato de seis antorchistas opuestos a su imperio camionero. Y el terror sigue y amenaza con ir más allá de toda prudencia y de todo recato en las formas: hace pocas horas fue baleado, con arma de grueso calibre, Carlos Enríquez Santos, secretario de desarrollo social del Ayuntamiento de Ixtapaluca, que preside la antorchista Maricela Serrano Hernández. El ataque fue a matar y el funcionario salvó la vida de milagro; pero lo peor del caso es que en Ixtapaluca todo mundo conoce nombre y apellido de los responsables de éste y otros atentados  criminales, y sólo el gobierno del estado parece no estar enterado de nada o no darle importancia alguna a tanto abuso e impunidad de parte de gentes que presumen abiertamente de su cercanía al señor Gobernador. ¿Hasta dónde piensan llevar la ofensiva? El poco consuelo que queda a la ciudadanía (no sabemos por cuanto tiempo) es que nada de esto compagina con el gobierno democrático, tolerante y respetuoso del Estado de Derecho que el Primer Mandatario de la Nación ha prometido reiteradamente para bien de todos los mexicanos. ¡Tal vez sólo aquí haya alguna esperanza de justicia!